La industria vitivinícola brasileña de los últimos años, ha sido afectada por los efectos de la globalización, aun cuando en el presente y el anterior año, aun cuando la producción de la vid nacional del sudamericano se puede considerar histórica, las prácticas comerciales tienen sumido a ese sector por la apertura comercial acelerada, a lo anterior con la preocupación de la presidenta Dilma Rousseff ha hecho presencia ofreciendo apoyo con el anuncio de medidas de protección para contener las importaciones, simultáneamente, associação gaúcha de vinicultores e ex-presidente del Consejo Deliberativo del Instituto Brasileño del Vino (Ibravin) diseñan programas de difusión a la calidad y consumo de ese producto a nivel nacional así como en el extranjero, quienes preocupados porque las importaciones crecieron 3% en 2011, y em lo que va Del año sufrieron una alta atípica de 27%, según datos del Ibravin desde 2004, la entrada de vinos importados aumento hasta un 98.7%.
Por su parte La presidenta Dilma Rousseff, prometió defender su industria contra "prácticas comerciales predatorias" anunciando el uso de medidas temporales previstas pela Organización Mundial de Comercio para proteger un determinado sector económico de aumento de las importaciones, medida que aplauden los empresarios, quienes piden mejores condiciones tributarias para competir sobre todo ante los argentinos e chilenos.
Por otro lado, los encargados del marketing del vino nacional, a procurar la popularización del vino brasileño, que en contraposición se han visto favorecidas por un incremento de 33.6% de 2010 a 2011 en sus exportaciones, que fueron el resultado de como consecuencia de los trabajos de promoción de la imagen en el exterior como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Holanda, Suecia, Polonia y Hong Kong.
Aunque apenas entre 3% e 5% de la producción es exportada, siendo 20% la meta a conseguir mediante estas medidas para 2025. Para lo cual, las vinícolas brasileiras proyectan mayores inversiones y la salvaguarda de las condiciones y calidades de la uva por parte de los enólogos e ingenieros agrónomos del sector.
Por otro lado, mientras en Brasil están tomando esas medidas para incentivar en crecimiento del sector vitivinícola, en México, el Senado de la República, en diversas ocasiones los representantes de varios partidos políticos han incitado al Poder Ejecutivo Federal, a efectos de realizar reuniones con representantes de ese sector industrial para diseñar programas de fomento económico, mediante frecuentes exhortos a los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a los distintos productores de vino nacionales, para que, en reunión de trabajo, se elaboren propuestas para reactivar la industria vitivinícola nacional, permitiendo la creación de un proyecto de iniciativa de ley que igualando las políticas públicas con las internacionales, permita que los productores nacionales cuenten con condiciones para competir en el mercado nacional e internacional.
Otra de las propuestas consistente en iniciativas de Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, cada uno los intentos de protección o fomento a dicha industria en México, no ha sido otra cosa que intentos inertes por parte del poder legislativo, que a diferencia de lo sucedido en Brasil, en el nuestro la disposición del Presidente de la República ha sido inexistente, pareciera no ser un tema propio del mandatario u otras sus prioridades, no obstante que los productos vitivinícolas mexicanos al enfrentar obstáculos gubernamentales, fiscales, económicos etc. frente a los vinos importados que, consecuentemente, acaparan poco más del 70% del mercado interno dado su menor precio, y una enorme carga tributaria según lo se obliga en la Ley Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
En una clase que apenas hace días tomé, en donde el expositor preguntaba sobre la supremacía entre los poderes de México, esta situación vino a mi mente y tuve que sentenciar que el ejecutivo. Es el poder en el que recaen las mayores facultades para el debido desarrollo del país, y que, sin la debida conducción y representación en ese poder, el gobernado no tiene más remedio que dejar en manos del ejecutivo la toma de decisiones que pretendan el desarrollo.
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